Más temprano, el exlíder de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP) aseguró que no había llegado a “ningún acuerdo con Oscar Santamaría” y que cuando sus abogados le preguntaron en sala al empresario con qué municipios había establecido acuerdos de sobornos a cambio del otorgamiento de contratos, mencionó a Cataño, Aguas Buenas y Trujillo Alto.
Por su parte, los licenciados Eduardo Ferrer Ríos y Osvaldo Carlo Linares, quienes forman parte de la representación legal junto al abogado José Olmo Rodríguez, confirmaron tiener planes de apelar el veredicto una vez se dicte la sentencia, cuya vista fue pautada para el 8 de agosto.
“En su momento estaremos atendiendo los asuntos legales pertinentes a ese asunto. Esto es un caso bien difícil cuando se ha publicado evidencia por la Fiscalía en una moción de fianza que debió haber sido sellada. Ya la presunción está tocada ante los medios y el público general y esa ha sido la contención en todo este proceso. Aquí se violó el derecho constitucional de la presunción de inocencia desde un inicio”, abundó Ferrer Ríos, quien no descartó que el uso de las fotos en la que Pérez Otero aparece aceptando un paquete que contenía $5,000 según el testimonio de Santamaría podría ser la base de la apelación junto a “otros errores de derecho”.
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Otros casos de soborno
Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre del 2021 y su caso es el primer proceso investigativo ejecutado por las autoridades federales con relación a los esquemas de sobornos y kickbacks con fondos federales de Santamaría y “El Cano” Delgado, que llega a la etapa de juicio.
El resto de los funcionarios y empresarios vinculados hasta el momento con esquemas similares en otros municipios se han declarado culpables.
Por su parte, Carlo Linares manifestó que este tipo de caso siempre se apela.
“Siempre dijimos que es un caso difícil. Obviamente desde un principio vimos esas fotos de Ángel que fueron de mucho impacto y veníamos litigando contra un gobierno que tenía un 95% de convicción más una ventaja que se creó por esas fotos”, señaló Carlo Linares.
Durante su turno en el banquillo de testigos, Santamaría aceptó que hizo “pagos ilegales a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, para conseguir contratos y beneficios del municipio” y reconoció que el esquema comenzó entre finales del 2018 y principios del 2019 y que realizaba pagos mensuales de $5,000 al exmandatario.
La jueza Aida Delgado acogió la solicitud de la defensa para que el exmandatario continúe en la libre comunidad bajo las mismas condiciones de la libertad bajo fianza hasta que sea sentenciado.
Previo a que el jurado iniciara la deliberación, la fiscal Myriam Y. Fernández González condensó los cargos criminales que enfrenta el exmandatario en dos palabras: “poder y codicia”.
Fernández González mencionó que uno de los elementos que la Fiscalía federal tiene que probar con relación al cargo de soborno, es que el exmandatario aceptó algo de valor por medios corruptos con la intención de influenciar o premiar a la otra parte antes de comenzar a repasar la prueba que desfiló en sala, incluyendo las tres grabaciones en video correspondientes a encuentros entre Pérez Otero y Santamaría, captadas en tres fechas separadas del 2021, mayo 19, julio 1 y agosto 19. Santamaría testificó en sala que cada sobre contenía $5,000 en efectivo.
Asimismo, Fernández González acompañó su alocución con un diagrama de flujo con recuadros con los nombres de diversos empleados de confianza dentro de la administración municipal del acusado, como los exdirectores de las oficinas de Desarrollo Económico y Obras Públicas -Raúl Torres Gómez y Wilfredo Martínez- y fechas que explicaban la relación de estos fuera del ámbito laboral.
Acto seguido, la fiscal presentó varias de las fotos que utilizó ayer para confrontar al único testigo de la defensa, Torres Gómez y quien en el pasado estuvo casado con la actual esposa de Pérez Otero, la exlegisladora y exjueza Liza Fernández.
“Todas estas personas de confianza, amigos y familia estuvieron vinculados al proceso del otorgamiento del contrato y la Junta de Subastas. Son personas que están juntos. Son amigos, son familia”, agregó la fiscal al entrar en detalle del testimonio del contratista Carlos de Jesús Pagán, quien reveló que Santamaría lo empleó para representar y luego presidir Island Builders y que fue su “jefe” quien le notificó que del municipio de Guaynabo lo llamarían para pedirle licitaciones para varios trabajos en el 2020.
El contratista confirmó que la llamada se dio y que Island Builders logró un contrato para trabajos en el barrio Ríos, que fue enmendado en tres ocasiones.
Pérez Otero fue arrestado el 9 de diciembre del 2021 y su caso es el primer proceso investigativo ejecutado por las autoridades federales con relación a los esquemas de sobornos y kickbacks con fondos federales de Santamaría y “El Cano” Delgado, que llega a la etapa de juicio.
El resto de los funcionarios y empresarios vinculados hasta el momento con esquemas similares en otros municipios se han declarado culpables.
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